La presente Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad (aprobada por Resolución SC 215/24), fundada en el ordenamiento jurídico vigente, propone una serie de pautas y reglas de conductas recomendables para orientar la actuación de los operadores judiciales. Su objetivo consiste en garantizar la tutela judicial continua y efectiva de las personas con discapacidad y mejorar su acceso sustancial, de calidad y sobre bases igualitarias a la justicia, para asegurar el reconocimiento y pleno goce del ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.